Cuatro sindicatos, ocho asociaciones de inmigrantes, cuatro partidos políticos y entidades de la sociedad civil han suscripto el manifiesto por el cual se reclama que el Ayuntamiento revise el decreto 419 y las posibles instrucciones verbales que han convertido el acto de empadronarse en una carrera de obstáculos, muchas veces insalvables para el ciudadano porque depende de la acción de terceras personas, como por ejemplo, los propietarios de los pisos de alquiler. El colectivo también ha puesto en duda la veracidad de los datos del padrón, ya que las entidades firmantes han comprobado que en muchos casos, figuran registradas personas que no han sido dadas de baja a pesar de no vivir desde hace tiempo en un domicilio y otras que no pueden empadronarse donde realmente viven porque según indica erróneamente el padrón, allí residen otras personas. Las entidades que componen el colectivo se han ofrecido como interlocutores del Ayuntamiento para tratar de encontrar solución a estos inconvenientes.  También recuerdan que el empadronamiento es un acto administrativo de registro del domicilio real que tiene un ciudadano, y no una herramienta para controlar condiciones de habitabilidad. Es un derecho del ciudadano, y con las actuales normativas se limita u obstaculizan derechos conexos, como el de acceso a la educación, asistencia sanitaria o a las ayudas sociales que pudieran corresponderle.